Con la valorización de la propiedad se podría evitar los conflictos sociales en minería

El reconocido economista Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD) y autor de El Otro Sendero y El Misterio del Capital remarcó que estamos en esta nueva estructura mundial que necesita el diálogo con los grupos sociales, etiquetados como antimineros.

“Es característico de los países en desarrollo que los pobres han heredado la mayor parte de la superficie de la tierra mientras las empresas extractivas han adquirido de los gobiernos los derechos sobre los minerales. Para acceder a los recursos del subsuelo que legalmente tienen, las empresas necesitan usar la superficie, que controlan sus poseedores legítimos”, anota Hernando de Soto.

En los últimos treinta años, para acceder al subsuelo se ha comprado servidumbres de paso o en algunos casos ha sido con la fuerza pública. Hoy, en cambio, los que conducen tierras de la superficie -a cuyas organizaciones De Soto llama “Autoridades que gobiernan Registros Locales

Desconectados de la Globalización (ARLD)”- se hallan empoderadas y están bloqueando la extracción de reservas minerales y petroleras probadas por más de 150 trillones de dólares. Esto equivale a cinco veces el PBI combinado de China y Estados Unidos.

Mientras que en Perú, las reservas probadas y probables energéticas y mineras, bloqueadas por el tema social y/o porque los inversionistas deciden no destinar recursos, son 800 mil millones de dólares, que equivale a cuatro veces el PBI.

Movimiento mundial de los pobres

“Es una red internacional construida en los últimos cien años de 3,300 tratados que 180 países han suscrito e incorporado a sus leyes. Ha sido tan fuerte que ni siquiera miles de militares y policías desplegados en campamentos mineros, petroleros y gasoductos de todo el mundo pueden evitar el bloqueo de las actividades extractivas”, remarcó. Por ello, dijo que su propuesta es la disrupción del sistema tradicional de formación del capital de los recursos naturales del tercer mundo.

La propuesta

La propuesta de De Soto no es entregar el subsuelo a los que conducen legítimamente la superficie, sino “securitizar” sus derechos para que su activo pueda generar capital en las bolsas y mercados financieros globales, y puedan ellos entonces relacionarse con y protegerse del mundo global de una manera rentable y sin violencia.

La securitización puede consolidar legal y efectivamente el legítimo derecho de propiedad de quienes se hallan en la superficie, y desbloquear así los 150 billones de dólares de reservas bajo la tierra en todo el planeta.

De Soto desarrolla una metodología disruptiva que usa la regularización en los mercados globales para superar los defectos de los derechos de propiedad en los países emergentes, como el Perú, que impiden a los pobres utilizar su tierra para formar capital. En suma, convierte al “misterio del capital” –el título de su famoso libro” en una efectiva herramienta de trabajo.

En concreto, explicó, a los legítimos títulos de la superficie les faltan ocho paquetes de información y acreditaciones a los cuales tienen derecho por ley. Usando un ejemplo, es como el pasaporte, al que le faltan ocho visas necesarias para llegar a los puertos donde se puede formar capital.

“La propiedad y securitización no son temas separados, sino partes de una misma cadena de valor a la que le faltan ocho eslabones que se subsanan con ocho certificados emitidos por entidades del sistema internacional con las que se concreta una alianza para conectar la tierra de la superficie y los recursos del subsuelo a los mercados de capital”, explicó.

Estos ocho certificados son vehículos documentales sucesivos de una cadena que comienza con la ubicación e identificación de los títulos superficiales donde se originan los derechos, y llega hasta las declaraciones requeridas por las leyes de los mercados financieros globales donde los derechos de propiedad se formatean para generar confianza y formar capital.

La desconexión entre la propiedad y la securitización, entonces, se debe al problema legal que surge de que los atributos y acreditaciones están perdidos en un enjambre de cientos de miles de leyes dispersas en documentos inconexos en cada uno de los países en desarrollo. En estos 30 años, se han creado 11 convenios internacionales que han ido privilegiando, cada vez más, la posición de la superficie.

De Soto está convencido de que en el momento en que quienes legítimamente manejan la superficie sean conscientes de que pueden negociar de igual a igual con las empresas extractivas, y los certificados entren en acción con sus incentivos, los 800 mil millones de dólares de proyectos bloqueados en el Perú serán desbloqueados, las empresas extractivas recuperarán el subsuelo, los consumidores intermedios que requieren insumos minerales podrán obtenerlos, los gobiernos obtendrán nuevos ingresos de tributos y regalías, los mineros informales tendrán por fin direcciones e identidad legal, y los que dañan el medio ambiente podrán ser física y legalmente identificados.

Entrevistas con los que no aparecen en la fotografía

El destacado economista, no solo está difundiendo su propuesta en las altas esferas de la banca y política mundial, también se ha reunido con ex dirigentes de Sendero Luminoso, de grupos sociales etiquetados como antimineros, y de empresas para escuchar sus puntos de vista.

“EL CAPITALISMO DE LIBRE MERCADO HA DERROTADO AL COMUNISMO. ESTAMOS EN UNA ÉPOCA DEL POSTCOMUNISMO CON UNA NUEVA ESTRUCTURA MUNDIAL QUE NECESITA EL DIÁLOGO CON LOS GRUPOS SOCIALES”.

“En las entrevista que sostuve con Jorge Durán, director del diario Marca (el número dos de Sendero); Roberto Carlos Chavarría (líder de temas ecológicos en la selva Pichanaqui Bagua); Javier Lazo (promotor de la ideología del movimiento indigenista); Jorge Paredes (portavoz de Antauro Humala); Aníbal Mejía (líder del No a Conga); Jorge Mamami (líder del No a Tía María); y Miguel Vega (ex presidente de la Sociedad Nacional de Industrias), coinciden en que es fundamental que se formalice y valorice la propiedad para atacar las fuentes de conflictos, corrupción, pobreza y desintegración social”, comentó.